El Gobierno estudia una regla de gasto y límites de presupuesto para las comunidades

Una regla de gasto para cada administración y unos límites de presupuestos, pero, eso sí, la libertad para cada Comunidad de decidir "en qué se gasta cada partida". Son estas las patas del anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad, que el Gobierno está estudiando y que presentará el próximo martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Como ha detallado la vicepresidenta en el la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, el objetivo es controlar la deuda de las comunidades autónomas, que en el tercer trimestre de 2011 superó los 135.000 millones de euros, el 12,6% del PIB. Según los datos "no definitivos" adelantados por Mariano Rajoy en su única entrevista como Presidente del Gobierno, en las regiones residen 15.000 de los 20.000 millones de euros de desviación del déficit público registrado en el ejercicio 2011.

La Ley de Estabilidad y Sostenibilidad quiere aplicar de esta forma un techo de gasto, en línea con lo que se estableció para el Estado con la reforma Constitucional del pasado mes de septiembre, así como "reforzar los mecanismos sancionadores". En este sentido, si las comunidades incurren en desviaciones se aplicarán uno mecanismos correctores para reorientar los objetivos o, cuando sea necesario, unas sanciones. Estos mecanismos, ha explicado Santamaría, serían reducciones "mínimas y obligatorias" referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. Se trata, ha añadido, de "mecanismos de corrección casi automáticos". Es en el campo de las sanciones donde la vicepresidenta no ha ofrecido detalles y se ha limitado a decir que la "reincidencia" y la "gravedad" serán los criterios para evaluar qué tipo de 'castigos' sufrirán las comunidades.

Este primer paso para que el Gobierno controle los presupuestos de las Comunidades autónomas encontrará con toda probabilidad respaldo en Madrid, donde el pasado martes la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se declaraba "de acuerdo" con una política de este tipo, "más aún, en dejar de gastar en cuestiones no esenciales por obligación", como especificó a través de la red social Twitter.