Representantes de la
Asamblea de Logroño del movimiento
15M han entregado hoy en el Parlamento riojano unas 400 firmas para pedir una
democracia directa, que, por ejemplo, permita a los ciudadanos solicitar referéndums vinculantes sobre aquellos aspectos que consideren de importancia nacional.
Uno de los portavoces riojanos de este movimiento,
David Calvo, ha explicado hoy que estas firmas se han recogido en Logroño en el contexto de la campaña nacional del derecho de petición por la democracia directa y que afecta al artículo 29 de la Constitución, donde se reconoce el derecho fundamental de petición colectiva.
Ha añadido que las firmas presentadas hoy tiene como fin solicitar al Parlamento de La Rioja que remita al Congreso de los Diputados una proposición para la reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución.
Su objetivo es que
se supriman los límites materiales que impiden el ejercicio de la iniciativa legislativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracias.
Esta petición de reforma constitucional, ha precisado, también pretende que el referéndum previsto en el artículo 92, además de sobre cuestiones políticas de especial trascendencia, pueda versar sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas y la derogación de leyes en vigor.
Su solicitud implica que el referéndum pueda ser solicitado por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si ha participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si lo aprueba la mayoría de los votos válidamente emitidos.
Las firmas recogidas en las distintas comunidades autónomas se están presentando en los Parlamentos regiones, ha señalado Calvo, para quien esta modificación constitucional daría derecho a los ciudadanos a solicitar referéndums vinculantes para decidir sobre todos aquellos aspectos que consideren de importancia nacional, así como a proponer reformas constitucionales y legales.
La Constitución sólo permite al presidente del Gobierno la
convocatoria de un referéndum, excluye a la ciudadanía de la posibilidad de promover reformas constitucionales y restringe al máximo la presentación de iniciativas legislativas populares, ha aseverado.
