El
acoso que los diputados catalanes sufrieron el pasado 15 de junio en la entrada al Parlamento no va a quedar impune. Los Mossos d’Esquadra, la fiscalía y la misma Generalitat, llevan estudiando la forma de que la minoría violenta que agredió e insultó a los representantes pague por sus actos desde el día después de los incidentes.
La fiscalía abrió diligencias para investigar los actos violentos en base al artículo 489 del Código Penal, que castiga con prisión a los que empleen la fuerza, la intimidación o la amenaza para "impedir a un diputado asistir a sus reuniones". Por ello este lunes, los Mossos d'Esquadra han empezado a detener a los presuntos autores de los actos
, a los que han entregado un acta de citación para que acudan a declarar ante la Audiencia Nacional.
Según ha informado la policía autonómica,
las detenciones se producen por orden de la Audiencia Nacional,o. En total,
los Mossos d'Esquadra, que investigaron los hechos de acoso al Parlament de forma coordinada con la Fiscalía de Cataluña, identificaron a 22 personas presuntamente implicadas.
Una investigación desde junioFuentes judiciales han explicado
que una de las primeras detenciones ha tenido lugar hacia las 08.00 de esta mañana del lunes en el barrio de Gracia de Barcelona, donde ha sido arrestado un cámara de una televisión local vinculada a movimientos sociales de Barcelona.
Según las mismas fuentes, el detenido ha sido abordado por agentes de paisano cuando se dirigía a su lugar de trabajo y, posteriormente, trasladado en un coche policial a la comisaría para su identificación.
Los bogados del colectivo de "indignados" han criticado la operación policial, que califican de mediática, por considerar que las detenciones son injustificadas, ya que habría suficiente con enviar la citación judicial a los imputados por los procedimientos ordinarios, como es habitual.
Esas identificaciones han sido posibles tras un complejo rastreo por internet y gracias a las imágenes captadas por los medios de comunicación y, según fuentes cercanas al caso, se apoyan en contundentes pruebas gráficas, dado que la intención de la policía autonómica era garantizar la solidez de las imputaciones.
El Departamento de Interior pretende evitar la sensación de impunidad que se produciría si las personas identificadas como autoras de los actos de acoso quedaran exculpadas por falta de pruebas.
