24/05/2012
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| Digital2 | 16/09/2011 |
Este viernes se aprueba el impuesto sobre el patrimonio. Dicha tasa permitirá, como ha confirmado en la última rueda de prensa antes de la aprobación de la normativa recaudatoria la ministra de Economía y Hacienda Helena Salgado, aplicar un impuesto directo con el que se pretenden recaudar 1.080 millones de euros a 160.000 españoles que poseen ingresos por más de 700.000 euros anuales. De esta manera, aseguran desde el Gobierno, los ricos efectuarán su aportación a la crisis económica. Una tesis que no todos los economistas comparten.
Si es verdad que “la revisión de la estructura impositiva es una de las consecuencias ineludibles del proceso de saneamiento de finanzas públicas en aquellas economías afectadas por la crisis”, como señalaba un editorial de El País del pasado 4 de septiembre, hay varios factores que tener en cuenta a la hora de hablar de un impuesto a las rentas más altas en territorio español. “Vender ahora la idea de que los ricos paguen gracias a un impuesto sobre el patrimonio jibarizado es realmente poco creíble” apunta Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Teoría Económica y Economía Política en la Universidad de Sevilla. En este sentido, hay que recordar que el mismo Gobierno que este viernes aprueba la nueva tasa “se ha negado a revisar al fiscalidad (si es que se le puede llamar así) de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) o que no ha tomado medidas efectivas para evitar que los grandes patrimonios y los bancos sigan operando en paraísos fiscales”, recuerda este profesor.
En un contexto generalizado no sólo de crisis, sino también de máximos beneficios para los que más tienen, dicha medida resulta ser, según Torres, “prácticamente irrelevante”. En su opinión serían más útiles normativas para “evitar las vías de injusticia y regresión distributiva que hacen que las rentas más altas disfruten de tantas posibilidades para evitar el pago de impuestos”.
Si se toman en consideración, por ejemplo, las desgravaciones de vivienda y de inversión en planes de pensiones privadas, de las que suelen beneficiarse en mayoría las rentas más altas, éstas han supuesto en 2010 un gasto fiscal de más de 5.500 millones de euros: “casi tres veces más que lo que se recaudaba por el impuesto de patrimonio”, recuerda López.
De acuerdo con las afirmaciones de Torres, los datos aportados por el Ministero de Hacienda señalan además que las rentas más altas pagan unos tipos que, al ser sobre todo sobre el ahorro, resultan más bajos de los que son los que se aplican al trabajo. De hecho, según fuentes del Ministerio, las rentas superiores a 600.000 euros, pagan un tipo medio del 27,8%. Esto implica, señala Torres, “que el tipo efectivo que soportan las rentas mayores a 600.000 euros es, de media, tres o cuatro puntos inferior al que soportan rentas, por ejemplo, de entre 100.000 y 120.000 euros” , ya que las ganancias del 60% de estas rentas más altas proceden de ganancias patrimoniales, mientras que solo el 28% procede desde el trabajo que, a cambio, les obligaría a tributar el 45%.
¿Los ricos, al rescate?
En Francia lo han pedido ellos. En Estados Unidos, uno de sus más grandes exponentes, Warren Buffet, tercer hombre más rico del planeta, ha admitido que debería aportar más a las arcas del estado. En Alemania, muchos le han dado la razón. Como en España, también en Italia un impuesto a los ricos ha generado pòlémica. El Gobierno de Berlusconi retiró a principios de septiembre de su plan de ajuste un agravio del 5% a las rentas superiores a 90.000 euros y del 10% a las superiores a 150.000 euros.
La gravedad de la situación ha llegado a crear extremos al límite de la paradoja. A lo largo de 2010, 25 de los 100 ejecutivos más y mejor pagados de los Estados Unidos han ganado más de lo que sus empresas hayan declarado a Hacienda, según un dato del informe anual del Institute for Policy Studies citado por el semanal The Nation. En el mismo periódico se informa de que cada año las empresas norteamericanas consiguen no pagar unos 100.000 millones de dólares de manera perfectamente legal, gracias, sobre todo, a los paraísos fiscales.
Este dato resulta aún más aclarador si se recuerda que son los mismo dirigentes cuyas empresas eluden la fiscalidad quienes forman el comité ejecutivo de la empresa que les sube el sueldo. Además, como señalaba el columnista del New York Times Nicholas David Kristoff, en los años 80, un trabajador empleado ganaba unas 40 veces menos que su jefe. En 2009, 263 veces menos. Y en 2010, año de pico en la crisis económica mundial, el ejecutivo ganaba en media 325 veces más que sus empleados.
