
Según declara la organización,
diferentes entidades y particulares del ámbito de la discapacidad han presentado en los últimos años diversas denuncias por actos de discriminación sobre los que el departamento dirigido por Leire Pajín “tiene que determinar” si son infracciones en cuanto a igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas.
Si las infracciones vulnerasen el derecho de igualdad, el
CERMI afirma que “el Ministerio de Sanidad tendría que imponer una sanción oportuna de acuerdo a la Ley 49/2007”.
Algunas de estas denuncias llevan años a instancias del ministerio pero aun no ha resuelto ninguna, cuando “la legislación afirma que el plazo máximo para tomar una decisión es de seis meses”, concluye el comité.