UGT y CCOO calculan que una renta mínima supondría un 1% del PIB

En La Rioja hay unas 15.000 personas en paro que ya no reciben ningún tipo de prestación. Y para ellos, UGT y CCOO quiere que una Ley les garantice unos 426 euros mensuales con los que puedan volver a poner en marcha su vida. A través del hastag #esdeley, UGT y CCOO invitan a la población firmar para conseguir el medio millón de rúbricas que son necesarias para presentar en el Parlamento nacional una Iniciativa Legislativa Popular y establecer una renta mínima que garantice estos ingresos mínimos.

La secretaria general de UGT , Cristina Antoñanzas, junto al de CCOO, Jorge Ruano, han presentado esta iniciativa en La Rioja, región en la que esperan conseguir 15.000 rúbricas. “Durante esta crisis hemos invertido mucho en rescates que se supone nos iban a sacar de la crisis y hemos invertido poco o nada en las personas”, apunta Ruano quien considera que “esta renta mínima nos la podemos permitir y además es el momento de hacerlo porque su puesta en marcha supondría un 1% del PIB”.

Para los secretarios generales, la actual crisis ha puesto en evidencia que nuestro sistema de protección social no es suficiente. De hecho calculan que cerca de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión y tres millones padecen pobreza severa siendo especialmente grave la pobreza infantil que ronda los 2,1 millones de niños. Y aportan más datos que justifican la petición de esta renta mínima. En los últimos años también ha aumentado el número de hogares con todos sus miembros en paro, se ha disparado el desempleo juvenil, el de mayores de 45 años y el número de parados de larga duración.

Para estos colectivos, apunta Antoñanzas, es para quien va dirigida esta Ley que queremos llegue al Parlamento porque “los umbrales de la pobreza han aumentado de forma considerable, hay trabajadores que son pobres y que no llegan a fin de mes”. De esta forma, insiste, la renta mínima “iría destinada a los trabajadores que han perdido su empleo, mayores de 18 años y menores de 65, españoles o residentes en España y que no reciban ninguna otra prestación”. Una ayuda que “duraría mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a la prestación”.