Escuchas mal transcritas y cargos rebajados: la fragilidad de la acusación que hizo caer a Costa y todo el gobierno portugués

Hace una semana, Portugal se despertó con la noticia de que se estaban llevando a cabo registros en ministerios y en la residencia oficial del primer ministro portugués, António Costa, en Lisboa. Cinco acusados fueron detenidos –dos de ellos muy próximos a Costa–, pero seis días después todos quedaron en libertad. Los cargos de corrupción y prevaricación no tenían pruebas que los sustentaran, en una decisión del juez instructor que, por el momento, vacía buena parte de la acusación que hizo caer al Gobierno portugués hace ocho días. 

Presiones no probadas

El juez instructor no considera probadas las denuncias de presiones supuestamente ejercidas sobre el primer ministro, António Costa, para crear condiciones favorables a la instalación de un centro de datos en la ciudad portuaria de Sines.

También retiró todas las acusaciones de corrupción y prevaricación que condujeron a la detención, el martes pasado, de su jefe de gabinete, Vítor Escária, y del consultor conocido por ser el “mejor amigo” del primer ministro, Lacerda Machado.

El abogado Rogério Alves declaró a elDiario.es que “un caso no cuestiona por sí solo el conjunto de la justicia portuguesa, pero se ha dado a la opinión pública una imagen de la enorme gravedad del comportamiento de personas vinculadas al Gobierno, que, tras ser filtrado por el tribunal, sólo ha dado lugar a la indicación de dos tipos de delitos menores”.

Alves lamenta que se haya detenido a personas y admite estar “muy perplejo” por la forma en que la Fiscalía ha interpretado las pruebas.

Rogério Alves sostiene que “no se debe anticipar el juicio, porque algunas cosas son sospechas, otras son pruebas” y “cuando se apunta a alguien en el proceso, no se puede anticipar su culpabilidad” porque “causa daños irreparables”.

Por ello, el caso que provocó un terremoto político en Portugal debe “servir de lección sobre cómo se juzga a las personas en la plaza pública”.

Errores judiciales

Este caso ya ha estado marcado por sucesivos errores judiciales, que han afectado a la credibilidad de la justicia portuguesa. El primer error estuvo en la forma en que se redactó la declaración, que provocó la caída del primer ministro a raíz de un párrafo en el que se explicaba que, durante la investigación, el nombre de António Costa había sido mencionado por los sospechosos.

Confusión en las escuchas entre el primer ministro y el ministro de Economía

A pesar del secreto judicial, el contenido de las escuchas fue publicado por varios medios de comunicación, pero la mayor confusión llegó con la revelación de que la Fiscalía se equivocó en el objeto de una de las escuchas. Según el sumario, se daba a entender que uno de los sospechosos iba a hablar con António Costa para ver si era posible cambiar el código de actividad económica relativo a los datacenters, con el fin de favorecer el centro de datos que se iba a instalar en Sines.

Sin embargo, el António Costa al que se refería no era el primer ministro, sino el ministro de Economía, António Costa e Silva.

Sobres con dinero

Desde entonces, lo más importante que se ha descubierto son sobres con dinero en el despacho de Vitor Escária. El acusado no pudo explicar de dónde procedía el dinero, justificándolo con un supuesto negocio en Angola, pero al juez instructor no le pareció suficiente para mantenerlo en prisión preventiva, como había pedido la Fiscalía. La decisión del juez instructor será recurrida por la Fiscalía.

Además, los tribunales portugueses también mantuvieron detenidos a los acusados durante seis días, cuando la ley prevé un máximo de 48 horas.

El sábado, António Costa volvió a asumir la posición de jefe del Gobierno en un discurso a la nación en el que dijo sentirse “avergonzado” por el descubrimiento de 75.800 euros escondidos en libros y cajas de vino en el despacho de Vítor Escária.

Costa marca distancias

El primer ministro portugués en funciones se distanció de Lacerda Machado, dijo que el trabajo de un político es atraer inversiones a Portugal y facilitar el trabajo de las empresas e intentó contener los daños para evitar la huida de inversores extranjeros, posiblemente asustados por este proceso judicial. António Costa también dejó claro que “con toda probabilidad” no volverá a ocupar un cargo público.

También el lunes, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, uno de los imputados en la llamada Operación Influencer, dimitió del Gobierno alegando motivos personales. El ministro, reconocido por su papel como secretario de Estado de Energía en el negocio del litio y el hidrógeno, había sido objeto de polémica en los últimos meses, en particular por su gestión de la comisión parlamentaria de investigación sobre TAP. Deja por adelantado el Gobierno, que permanecerá en plenas funciones hasta que finalice el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

Elecciones, el 10 de marzo

Portugal tiene elecciones generales anticipadas el 10 de marzo. Antes, el Partido Socialista elegirá al sucesor de António Costa los días 15 y 16 de diciembre. Están en la carrera el candidato más izquierdista y ex ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, y el candidato más de centro y actual ministro del Interior, José Luís Carneiro.