El vicepresidente de Aragón, de Vox, plantará al ministro Torres en su reunión sobre Memoria: “No hay nada que hablar”

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reiterado este martes que no va a sentarse a acercar posturas con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática porque “la postura está clara” y “no hay nada que hablar”.

“Hemos derogado una ley que entendíamos que era liberticida y sectaria y que hablaba de buenos, de malos y de una visión de la historia que no es la real y que se usaba como herramienta de adoctrinamiento político”, ha manifestado Nolasco en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión de la Comisión de Coordinación del Camino de Santiago.

“No va a haber ningún tipo de bilateral o de reunión para hablar de este tema”, ha afirmado el también líder de VOX en Teruel y que, aunque el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, deje la puerta “entreabierta o cerrada”, él no va a acudir porque han aprobado la derogación “democráticamente y legítimamente” y “la postura sigue siendo firme”.

“La conciencia tranquila”

Del mismo modo, ha subrayado que tiene “la conciencia tranquila” de cara a una hipotética resolución del Tribunal Constitucional (TC) porque la derogación de la norma es algo que “está bien”.

“Lo pueden llevar al Constitucional, al Consejo Jedi o a Marte si quieren. Nosotros no vamos a bajarnos de ahí ni vamos a dar marcha atrás”, ha afirmado Nolasco, para después preguntar “qué tiene que decir el Constitucional y Conde Pumpido” --el presidente del Tribunal-- sobre la amnistía.

“Ningún miedo a que --el Gobierno de España-- pueda llevarnos al Constitucional, a la ONU, a la Corte Penal Internacional, que haga lo que quiera. Nosotros no vamos a dar ninguna marcha atrás y, por supuesto, lo que no vamos a hacer es aceptar esta auténtica extorsión o estas amenazas”, ha dicho, en referencia a la convocatoria de una comisión bilateral previa a un recurso de inconstitucionalidad. “Si usted cree que tiene la razón, lléveme y ya está”, ha remarcado.

En relación al informe de los relatores de la ONU contra la derogación de las leyes de memoria democrática en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, ha considerado que lo que ha sucedido es que “unos supuestos voluntarios, independientes entre comillas, firman una serie de papeles, en los que responden a un encargo que se ha hecho” y que “la ONU ni ha dicho ni ha resuelto absolutamente nada”.

Así, el vicepresidente aragonés ha opinado que estos relatores “deben ser expertos en contestar encargos a medida, más que en contestar temas de objetividad”, no sin antes recalcar que no van a dar marcha atrás en la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Del mismo modo, ha aseverado que la convocatoria previa de una comisión bilateral es “una amenaza” y ha emplazado a “respetar que ahora gobiernan otros partidos políticos, con unas ideas distintas”, que han impulsado una serie de medidas como esta, que estaba en el pacto de gobierno entre PP y VOX.

Medida pactada por PP y VOX

Además, Nolasco ha subrayado que no han “engañado a nadie” y que están cumpliendo lo acordado en el pacto de gobierno con los populares. Todo ello, ha continuado, ha desatado una campaña “sin precedentes” del PSOE y de Pedro Sánchez contra la prensa libre y contra los jueces.

Nolasco ha indicado que no ha habido ninguna comunicación al margen de las declaraciones en los medios de comunicación. “Jamás nos han llamado porque no les interesa”, ha afirmado, y ha criticado al Gobierno central por “escenificar” y montar “un auténtico show”.

El vicepresidente autonómico ha acusado también al ministro Torres de ser “un actor más en el teatro de Sánchez” y se ha preguntado si no tiene “alguna competencia más” aparte de “lo de la memoria histórica”. “Si sólo tiene esta, pues poco tiene que hacer”, ha dicho.

Por otro lado, ha reiterado que Aragón no ha aprobado una ley de concordia para sustituir a la derogada norma de memoria democrática, sino un plan anunciado por la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, sin rango de ley y que no tiene que pasar por las Cortes.